Con ocho años de retraso la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha ha regulado la atención al autismo en los colegios. El pasado 16 de Enero se publicó en el Diario Oficial de Castilla la Mancha la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se crean, regula y ordena el funcionamiento de las Aulas Abiertas Especializadas, para el alumnado con Trastornos del Espectro del Autismo, en centros públicos.
La Orden tiene por objeto crear, regular y ordenar el funcionamiento de las Aulas Abiertas Especializadas, para conseguir los principios de normalización e inclusión de los alumnos con trastorno de espectro autista en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Entre los objetivos fundamentales que se pretenden aparece: desarrollar en los alumnos estrategias de comunicación, verbales y no verbales, que les posibilite expresar necesidades, emociones y deseos; y proporcionar aprendizajes funcionales que permitan desenvolverse con autonomía en situaciones de la vida cotidiana.
En los artículos 71 y 74 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se estipuló que la educación debía basarse en principios de de normalización e inclusión y se asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, con la posibilidad de introducir medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas en aquellos casos en que se estime oportuno.
Es importante destacar que a tenor de lo descrito en la Orden, básicamente se propone la creación de aulas de educación especial en colegios ordinarios. Los ratios serán de 4 a 6 alumnos por aula en infantil y primaria y de 4 a 7 en secundaria. En lo referido al personal adscrito a estas aulas, siguen la pauta ya establecida en otras comunidades autónomas, con un/a Pedagogo/a Terapéutico/a, un/a especialista en Audición y Lenguaje y un/a Auxiliar Técnico Educativo.
En el caso de que el personal docente no tenga formación específica en el trabajo con niños con TEA, recibirán un curso de formación a través del Centro Regional de Formación del Profesorado. No se especifica si la formación será de 10 o 200 horas ni qué tipo de programa formativo lo compone.
En el artículo 10 de la Orden señalan que “La consejería colaborará con las Asociaciones o Instituciones sin ánimo de lucro especializadas en trastorno de espectro autista, y de manera preferente en materia de formación del profesorado y evaluación. A tal efecto se podrá suscribir convenios de colaboración. … Así mismo, los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que cuenten con estas aulas abiertas específicas, podrán tener en consideración la experiencia y los conocimientos de las Asociaciones o Instituciones sin ánimo de lucro antes mencionadas, para posibles actuaciones y colaboraciones concretas” No se especifica si dentro de estos convenios existirá una compensación económica ni de qué monto, ni tampoco si en el caso de que hayan aspectos monetarios se realizará un concurso acorde a la legislación sobre contratación o en el caso de ser convenios serán adjudicaciones a dedo.
En conclusión esta Orden viene en la línea del modelo que se ha venido llevando a cabo en el resto de comunidades autónomas, que consiste en crear aulas de educación especial en centros ordinarios, con el propósito de que el niño que esté escolarizado en modalidad de educación especial en centro ordinario, pueda, a través de su aula de referencia, compartir tiempos tasados y en función de sus capacidades (medidas y decididas por el equipo orientador o docente específico) en un aula ordinaria. Inicialmente en las áreas más “sencillas” y en función de la adquisición de nuevas habilidades y competencias del niño, que este tiempo vaya aumentando. Un modelo que en estos años ha obtenido resultados extremadamente dispares y por tanto que ha demostrado que aunque quizá la base ideológica del modelo pueda ser buena, la aplicación del modelo no lo es.
Curiosamente este modelo propuesto no va en la línea propugnada de inclusión y normalización educativa, y no está tampoco acorde con la tendencia promovida por los profesionales y especialistas de este área de la educación. Quizá una oportunidad perdida de legislar en la línea más coherente de la educación inclusiva.
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